Este argumento se formula así: como, por desgracia, el número de abortos clandestinos aumenta de un modo alarmante y la ley no puede ignorar tal realidad, es necesario legalizar es situación de hecho y dotar a las madres que se encuentren en la “necesidad” de abortar de los medios sanitarios necesarios para evitar los derivados de la clandestinidad (malas condiciones higiénicas y sanitarias, personal poco preparado, etc.).     Esto último no suele ser verdad, ya que el aborto clandestino se ejecuta – exceptuando algunos pocos casos – en lugares adecuados, por personal técnicamente adiestrado (1). Si bien es cierto que la ley debe tener en cuenta la realidad social, conviene recordar que un Estado que renuncia a la protección del bien común más importante, el derecho a la vida de los seres más desprotegidos (los no nacidos), se descalifica totalmente.   Aquí no estamos ante una ley de tolerancia o de simple despenalización, sino de una positiva autorización del mal.    Por otra parte, y esto sí que resulta sorprendente en países donde de ha despenalizado el aborto, se constata que con la legalización no disminuyen sin más los abortos clandestinos. “El número de abortos clandestinos está muy lejos de disminuir en la proporción anunciada por los promotores del aborto legal; a veces, incluso aumenta… Este hecho se explica por la “desculpabilización”. Desde el momento en que se concede autorización en ciertos casos sociales (salario escaso, vivienda insuficiente), casi parece legítimo recurrir al mismo procedimiento en condiciones apenas diferentas.

  Además, cuando el aborto es generalmente practicado en hospitales, muchas mujeres prefieren permanecer en el anonimato” (2). La clandestinidad en el Reino Unido, por ejemplo, aumenta por las condiciones exigidas, por la no notificación de la mujer al marido, porque es fruto de relaciones extramatrimoniales, etc.

    Miguel Ángel Monge. Medicina pastoral. EUNSA

    Notas:
   (1) Es llamativo que, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en 1998, el 87,37% de los abortos legales realizados en España se hicieron en centros privados: cfr. El País, 11 de febrero de 2000. p. 34.
   (2) Sauvy, A., “Más datos acerca del aborto”, Tribuna Médica, 9 de julio de 1971.

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