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    Hay que agradecer a la modernidad el mérito de haber dado mucho valor a la libertad. Pero la libertad no puede sostenerse sola sin que degenere en la arbitrariedad, con la que –como reconocieron Nietzche y muchos otros– toda la vida personal y social se convierten en una pura afirmación de poder.

    Para que la libertad quede asegurada, el poder –y la libertad misma– han de rendir cuentas a la verdad:

La libertad auténtica
debe estar ordenada a la verdad.

    —Pero tampoco podemos volver a los viejos tiempos, en que uno decía qué era la verdad y todos los demás obedecían…

    Precisamente por eso es preciso que haya siempre en la sociedad un amplio debate sobre la verdad, de manera que en ella puedan fundamentarse la libertad y dignidad humanas.

    Pese a las muchas diferencias que hay entre los hombres, podemos entendernos porque tenemos en común la naturaleza y la capacidad de razonar, que son universales.

    Y ese debate no debe eludirse tampoco a la hora de elaborar las leyes, pues ellas también deben obediencia a la verdad, y no solo a los parlamentarios.

    —¿No encuentras suficiente el debate que de por sí suponen las urnas, y que se refleja en los parlamentos democráticos?

    No siempre, porque la libertad –también la de los parlamentarios– no está inmunizada contra el riesgo de caer en la arbitrariedad. La conciencia civil –la de los ciudadanos y especialmente la de sus representantes parlamentarios– debe buscar siempre como referencia la verdad de las cosas, que guíe y oriente la acción política. De lo contrario, la vida social se convertiría en una pura afirmación de poder.

Una democracia sin valores
se convierte con facilidad en un
totalitarismo visible o encubierto,
como corrobora tristemente la historia.

    Algunos ejemplos de oídos sordos a la verdad

    La historia ha ido demostrando que cuando se pretende reducir la verdad al mero resultado de la voluntad de una mayoría de los ciudadanos, ignorando su obligada referencia a la verdad natural, la democracia deja totalmente indefensa la libertad de las minorías que hay en su seno.

    Si no se reconoce esa dependencia para con la verdad, será imposible considerar injusto que un Estado decida, por ejemplo, exterminar a una minoría racial (que quizá tenga pocos o ningún representante o defensor en la cámara parlamentaria), o tratar de modo discriminatorio a una determinada porción territorial del Estado (pequeña para hacer valer sus derechos), etc.

La total neutralidad moral del Estado
legitima el derecho del más fuerte.

    Más ejemplos. Si la democracia niega esa dependencia de la verdad, tampoco podría considerarse injusto el tráfico de influencias, o el uso de información privilegiada para fines de enriquecimiento personal de las autoridades políticas, puesto que en la mayoría de los casos no están directamente castigados por las leyes, y si debe considerarse que son casos de corrupción es porque atentan contra la justicia (que no siempre coincide con las leyes o las urnas).

    No hay que olvidar que no es infrecuente que las urnas, mal que les pese, den su confianza a unas personas que saben corromperse sin llegar a estar nunca fuera de la ley (entre otras cosas, porque las leyes pueden hacerlas ellos mismos).

    Un Estado que pretendiera desvincularse de sus obligaciones respecto a la verdad sería un Estado inmensamente tolerante, pero solo en el sentido de ser, parafraseando a J. K. Galbraith, inmensamente tolerante –indiferente– con quienes creen que debería mejorarse.

    El derecho de injerencia

    La tolerancia no puede convertirse en una indiferencia total y absoluta de los Estados ante los atentados graves contra los derechos humanos ocurridos fuera del propio territorio.

    La idea de que los derechos humanos no son competencia exclusiva de cada Estado, sino que los Estados se limitan a reconocer su existencia y a protegerlos, ha llevado a acuñar en los últimos años el término de derecho de injerencia humanitaria.

    El derecho de injerencia humanitaria lleva a que la comunidad internacional asuma en ocasiones la defensa de los derechos humanos por encima de la soberanía de los Estados, sin que esos países afectados puedan refugiarse en la excusa de que se trata de asuntos internos.

    Si una vez agotados todos los medios diplomáticos razonablemente posibles, a pesar de todo, las poblaciones siguen en grave riesgo de sucumbir bajo un agresor injusto, no puede decirse que los demás Estados tengan un total derecho a la indiferencia: hay casos en que sería injusto escudarse en la tolerancia para asistir impasiblemente a flagrantes atropellos de los derechos humanos. De la misma manera, sería injusto escudarse en ese derecho a la injerencia para someter o subyugar a otro Estado.

    Este derecho de injerencia, que se ha aplicado con éxito en bastantes ocasiones (aunque con frecuencia esa ayuda ha sido pequeña y ha llegado tarde), se apoya en el hecho indudable de que los derechos humanos son universales e inmutables. Eso es lo único que puede legitimar semejantes acciones en contra de la libertad de los gobernantes o grupos armados que los transgreden.

    De lo contrario, o sea, si la causa de la libertad se separa de la referencia a la verdad, los derechos humanos no serían más que un imperialismo cultural o una imposición ideológica del Estado que acude a defenderlos.

    Alfonso Aguiló. Con la autorización de:  www.interrogantes.net

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