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    Tolerancia viene del latín tolerare –soportar, sufrir, sostener, llevar–, y es un término cuyo significado, como hemos visto, puede variar bastante según el contexto en que se emplee.

    Su uso más común se refiere a una disposición de indulgencia y comprensión hacia el modo de pensar o actuar de los demás, aunque sea diferente al nuestro. En este sentido, de respeto a la legítima diversidad, la tolerancia tiene su fundamento en el reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales de la persona, que a su vez se remite a la dignidad humana.

    En su sentido más específico, la tolerancia hace referencia a permitir algún mal, cuando existen razones proporcionadas. Y esto se debe a que hay acciones ilícitas que deben ser prohibidas y castigadas, y otras que sin embargo es preferible tolerarlas, pues

En algunas circunstancias
puede ser moralmente lícito
permitir un mal –pudiendo impedirlo–,
en atención a un bien superior,
o para evitar males mayores.

 

A veces,
puede incluso ser reprobable impedir un mal,
si con ello se producen
directa e inevitablemente
desórdenes más graves.

    Ya Tomás de Aquino, por ejemplo, señaló que es propio del sabio legislador permitir transgresiones menores para evitar las mayores. Los que gobiernan, toleran razonablemente algunos males para que no sean impedidos otros bienes importantes, o para evitar males mayores.

    Como puede verse, la tolerancia –en este sentido suyo más específico– se remite directamente al problema moral del mal menor. El deber de reprimir el mal no es una norma última y absoluta de acción, sino que es un deber subordinado a normas más altas y generales, que en algunas circunstancias permiten –o incluso exigen– no impedir que otros actúen mal, para así evitar males más graves.

    Parece por tanto que el fundamento último de la tolerancia, y lo que justifica permitir el mal menor cuando podría impedirse, es el deber universal y primario de obrar el bien y evitar el mal.

    Como señala Fernando Ocáriz, “cuando reprimir un error comporta un mal mayor, la tolerancia está justificada y, en muchos casos, es incluso éticamente obligatoria. Es evidente que esto nada tiene que ver con el maquiavelismo de hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. No impedir el error no es lo mismo que hacerlo; a veces será complicidad con él, pero otras no”.

    En cualquier caso, y como ya hemos visto, la tolerancia no puede basarse en el relativismo (tolerar por considerar que no hay nada inequívocamente bueno o malo), ni en el escepticismo (tolerar por negar que existan criterios firmes que nos permitan distinguir lo bueno de lo malo, o lo verdadero de lo falso), ni en el individualismo o el indiferentismo personal o social (tolerar por considerar que no se puede intervenir legítimamente en la vida de los demás).

    Cualquier intento de fundamentar la tolerancia en esos principios chocaría muy pronto con insalvables dificultades para justificar por qué se han de señalar unos límites a lo tolerable.

    Un discernimiento no siempre fácil

    Como ha señalado José Luis Illanes, el hombre ha de ser en todo instante un realizador del bien: esa es su dignidad y su misión, y es precisamente en ese servicio al bien donde radica su señorío sobre la historia.

La tolerancia no puede entenderse
como indiferencia ante
un mal que en nada nos interpela.

    La conciencia de todo hombre debe verse urgida por la llamada a hacer el bien y, por tanto, a poner los medios a su alcance para promover en cuantos les rodean un actuar digno del hombre, buscando también que los ambientes y estructuras en que se mueve reflejen ese mismo espíritu.

    Ahora bien, esa tarea debe hacerse compatible con el respeto a la libertad de los demás, y ahí es donde entra en juego la tolerancia.

    —¿Y qué criterio crees que hay que emplear para distinguir cuándo una persona debe impedir lo que considera malo y, en el caso de las autoridades, señalar las correspondientes leyes o disposiciones coercitivas?

    Es preciso hacer una valoración moral, atendiendo con rectitud al bien común, que es la única causa legitimadora de la tolerancia.

    Debe juzgarse valorando con la máxima ponderación posible las consecuencias dañosas que surgen de la no tolerancia, comparándolas después con las que serían ahorradas mediante la aceptación la fórmula tolerante.

    Como ejemplo, cabría citar el caso de un juez que decide en una ocasión concreta no castigar determinado delito –y por tanto, tolerarlo–, después de haber comprobado que las pruebas de la culpabilidad se han obtenido de un modo ilícito (por ejemplo, mediante tortura, o a través de una escucha telefónica ilegal). Actuando así, el juez puede dejar impune un mal comprobado, pero evitar que su decisión fomente que en adelante otras muchas personas usen de ese tipo de prácticas ilícitas para obtener pruebas, por considerarlo un mal mayor.

    En unos casos, es algo que se aprecia de modo casi espontáneo con el sentido moral natural de las personas. Otros casos serán más complejos, y ese discernimiento será difícil, o incluso muy difícil.

    La necesidad de limitar el ejercicio de la libertad externa –la interna no es propiamente restringible– solo puede fundamentarse en el bien común, que la autoridad debe custodiar según el orden moral natural, y no según sus propios intereses.

    Porque está claro que un dictador puede decidir como le venga en gana, si se habla de poder en el sentido de posibilidad material de actuar, y dentro de las posibilidades de poder que tenga en su mano.

    Y una autoridad política establecida democráticamente puede gobernar y legislar como quiera –también en el sentido de posibilidad material de actuar–, en virtud de la delegación de poder que han hecho en ella los ciudadanos.

    Pero si hablamos no solo de sus posibilidades físicas de actuar, sino de si sus acciones son justas o no, hay que señalar que la autoridad política tiene una serie de limitaciones en su poder.

    Y no me refiero solo a las limitaciones que provienen del riesgo de perder las siguientes elecciones; o a que los medios de comunicación o la propia opinión pública denuncien sus abusos; o a que los mecanismos defensivos de la democracia puedan poner freno a sus pretensiones.

    Me refiero a limitaciones de tipo ético. Porque está claro que la autoridad política puede actuar en contra de la ley natural y, a la vez, conseguir eludir esos riesgos que acabamos de señalar. Pueden llegar a hacer auténticas barbaridades sin perder elecciones, sin perder el apoyo popular, y sin que los mecanismos democráticos puedan impedirlo. De hecho, así ha sucedido –y por desgracia con bastante frecuencia– a lo largo de nuestra historia (vuelvo a referirme otra vez a Hitler y Stalin, por citar a los más conocidos).

    Cuando una ley o un gobierno se desvinculan de su fundamento, que es la búsqueda del bien común, se convierten en leyes o gobiernos injustos. Quizá por eso decía Platón que la seña de identidad del auténtico político es haber reflexionado profundamente sobre el sentido de la vida y sobre las cuestiones primeras, de las que dependen todas las demás. Porque si una ley contradice la ley natural, ya no es propiamente ley, sino corrupción de la ley.

    Alfonso Aguiló. Con la autorización de:  www.interrogantes.netOtros temas relacionados:
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