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    Hace pocos años, el Tribunal Supremo norteamericano tuvo que salir al paso de una curiosa interpretación del principio de aconfesionalidad del Estado.

    Las autoridades educativas del Estado de Nueva York permitían el uso de las escuelas públicas, fuera del horario de clases, a las más diversas organizaciones ciudadanas.

    Se cedían las aulas y salones de actos para charlas y conferencias sobre las cosas más variopintas. Para todo, excepto para aquello que tuviera algún carácter religioso: se alegaba que permitirlo violaría el principio de separación entre Iglesia y Estado.

    A raíz de una denuncia interpuesta por un pastor evangélico al que negaron el uso de la escuela para poner unas películas sobre la concepción cristiana de la familia, el Tribunal Supremo ha acabado finalmente por darle la razón.

    Con una buena dosis de sentido común, la sentencia ha reprobado a las autoridades educativas neoyorquinas, señalando que en vez de defender la tolerancia religiosa estaban lesionando –con esa discriminación– la necesaria libertad de expresión de los ciudadanos.

    En el futuro, la jurisprudencia norteamericana podrá defender mejor a sus ciudadanos de este tipo de excesos de celo, propios de lo que podría denominarse la intolerancia laicista.

    El engaño de la intolerancia laicista

    El engaño de la intolerancia laicista es casi siempre el mismo. Se parte de la idea de que las leyes no deben reflejar principios derivados de ninguna religión, con objeto de lograr así que sean válidas para todos los ciudadanos de cualquier fe o de ninguna.

    Con ese artificio dialéctico, presentan su posición –que denominan la posición laica–, no como uno de los términos en discusión, sino como la solución impuesta previamente y que debe ser punto de coincidencia inicial para todos, ganando así de antemano el debate.

    Como es obvio, este tipo de victorias ideológicas a priori son poco conciliables con el pluralismo y con las normas más elementales del buen uso de la inteligencia.

El hecho de que una opinión
se denomine a sí misma “laica”
y no coincida con ninguna religión
no significa que esté instalada
en el vacío filosófico, ni que sea neutra,
ni que sea válida para todos.

    Es caer en un curioso dogmatismo, una especie de confesionalismo ideológico impuesto en nombre del mismo  abuso del que se acusa a los demás.

    Por otra parte, tratar de imponer que solo es admisible una religiosidad dispuesta a transigir en todo lo que la máquina del Estado diga o haga, es una ingeniosa manera de amordazar las inteligencias de los ciudadanos.

Marcar con la sospecha de intolerancia
a todo aquel que mantiene
convicciones religiosas profundas
es muy poco tolerante.

    La laicidad estatal

    La laicidad estatal bien entendida tiene un sentido positivo. Como acertadamente señaló una reciente sentencia de la Corte Constitucional Italiana, la laicidad del Estado no implica indiferencia del Estado ante las religiones, sino garantía del Estado para la salvaguardia de la libertad religiosa, en régimen de pluralismo confesional y cultural.

    En Alemania, por ejemplo, las leyes son extremadamente favorables a las confesiones religiosas, debido fundamentalmente al reconocimiento por parte del Estado alemán de la inmensa labor caritativa, social y educativa de las grandes iglesias tradicionales.

    El Estado debe rechazar cualquier intento de ser usado como brazo secular de tal o cual iglesia, de la misma manera que las iglesias deben también rechazar cualquier intento estatal de restringir su libertad encerrándolas en el ámbito de lo privado.

    —¿Eres partidario de que haya diálogo institucional entre el Estado y las diversas confesiones religiosas?

    Actualmente, las relaciones entre el Estado y las diversas confesiones religiosas se reducen fundamentalmente a dos sistemas: el de concordatos o acuerdos bilaterales con cada iglesia (España, Italia, etc.), y el de establecer un marco legislativo común para todas (Estados Unidos).

    Ambos sistemas están funcionando, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes, y no es fácil decir cuál es mejor. A veces hay conflictos, pero quizá de ellos salen con frecuencia debates constructivos que abren nuevos espacios de libertad.

    Lo que sí parece siempre rechazable es cualquier intento de restringir la libertad de movimientos de esas iglesias negándoles la necesaria cobertura jurídica, con la pretensión –clásica en el viejo dogmatismo liberal– de confinarlas en el ámbito de lo privado.

    Sería una peligrosa especie de celoso monopolio estatal en cuanto a la visión del hombre. Y es fácil –como casi siempre sucede con los monopolios–, que para quien goza de él le parezca la mejor solución, pero no por eso dejaría de ser un torpe abuso por parte del Estado.

    Alfonso Aguiló. Con la autorización de:  www.interrogantes.netOtros temas relacionados:
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