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    —De todas formas, ¿no es un poco extraño que todos esos datos y razones científicas no convenzan a tantas instituciones que continúan promoviendo grandes campañas de control de la natalidad?

    Sí que parece un poco extraño. Y me atrevo a decir que también un poco sospechoso. De hecho, están surgiendo cada vez más voces de protesta –aunque por desgracia aún bastante silenciadas– contra ese tipo de políticas antinatalistas.

    Es sospechoso, por ejemplo, que la mayor parte de lo que se consideran ayudas al desarrollo de países pobres se destine a sufragar gastos administrativos y de gestión de las propias instituciones que conceden esas supuestas ayudas: grandes edificios, ingentes de gastos de personal y de representación, viajes, hoteles, etc.

    Y es también sospechoso que los fondos restantes –teóricamente destinados ya directamente a promover el desarrollo en cada país– se suelan a su vez emplear mayoritariamente en subvencionar campañas de planificación familiar.

    —Supongo que algo gastarán en promover directamente el desarrollo, ¿no?

    Muy poco, sólo un pequeño tanto por ciento. Casi todo el presupuesto se va en burocracia, gestión, y multimillonarios contratos con empresas que se dedican a implantar el control de la natalidad. Al final, sólo una pequeña parte se destina a los gastos sociales verdaderamente esenciales para el desarrollo (infraestructuras, capacitación profesional, sanidad, cultura, educación, etc.).

    Y es una pena que esas instituciones, que aseguran contribuir a la liberación de la mujer, en muchos casos lo que hacen en la práctica es sacrificar su acceso a la educación –habitualmente inferior al varón en esos países– en favor de su acceso a la planificación familiar.

    No falta gente, además, que asegura que detrás de esos contratos de family planning hay oscuros –oscurísimos– intereses económicos y políticos.

    Esas campañas cuentan con unas dotaciones de varios billones de dólares anuales, y de ese dinero viven –bastante bien, por cierto– muchas grandes multinacionales del sector. Son cifras que bien pueden forzar políticas gubernamentales o comprar voluntades de personas de ámbitos muy diversos.

    Hay que pensar que son contratos muy apetecibles, pues venden de un golpe cientos de millones de preservativos y píldoras anticonceptivas, que suponen grandes ganancias, siempre seguras, puesto que los gobiernos del Tercer Mundo se ven obligados a comprarlos.

    Además, muchas veces –como se ha denunciado en repetidas ocasiones– son productos ya retirados de los mercados occidentales por sus efectos secundarios o su baja calidad.

    —Me parece mal, lógicamente, pero al fin y al cabo se trata de un regalo, ¿no?

    Bueno, es que hay que recordar que

toda esta campaña de 

solidaridad internacional 

incluye un plan para pasarle luego 

la factura a las víctimas. 

    Por ejemplo, la tristemente famosa Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo previó que las dos terceras partes de esos costos serían financiados por los propios países en vías de desarrollo.

    Como se ve –denunciaba Ignacio Aréchaga–, el plan es perfecto: primero se establece que hay una demanda insatisfecha de servicios de control de la natalidad; después se dictamina lo que hay que gastar en la promoción de medios anticonceptivos, proporcionados en su mayor parte por las multinacionales de los países ricos; y finalmente se pasa el grueso de la factura a los países en desarrollo, ya que “ellos son los primeros beneficiados”.

    Parece que no es buscarle tres pies al gato pensar que hay mucha gente poderosa que tiene mucho interés en mantener este tipo de políticas antinatalistas.

    Las razones que dan suelen ser de solidaridad, de ecología o de preocupación humanitaria. En muchos casos, lo harán de buena fe. Pero me temo que muchos otros esconden –detrás de esas mismas razones filantrópicas– inconfesables afanes de mantener el imperialismo económico, sostener un rentable colonialismo demográfico, ganar dinero a expensas del Tercer Mundo, contener las avalanchas de inmigrantes, o ceder a presiones provenientes de intereses de poderosos grupos económicos internacionales.

    La alarma ante el crecimiento demográfico enmascara muchos temores a una nueva situación que inquieta a los países ricos. Un miedo –como escribe el francés Hervé Le Bras– que “se expresa bajo la forma alegórica de un atentado a la salud del planeta, mientras que se trata de un atentado a los privilegios de los ricos por la llegada de nuevos convidados al banquete de la naturaleza.”

Una sutil intolerancia, 

lamentablemente disfrazada 

de tolerancia y solidaridad. 

    Una nueva forma de acoso sexual

    Si se supiera –sugiere de nuevo Aréchaga–, que un alto cargo de la ONU presiona a una funcionaria para obtener sus favores a cambio de un ascenso, inmediatamente sería destituido por acoso sexual. Es curioso, en cambio, que si esos mismos altos cargos de la ONU fuerzan a millones de mujeres y hombres a organizar su natalidad de acuerdo con sus dictados, so pena de ahogarles financieramente, haya quienes los consideren como unos benefactores de la humanidad.

    Y es también curioso que, en una época en la que la planificación centralizada de la economía ha caído en descrédito frente a la iniciativa personal y el libre juego del mercado, algunos sigan empeñados en meterse en las alcobas de millones de ciudadanos para decirles cómo deben planificar la natalidad.

    Por razones éticas de carácter elemental, no pueden admitirse programas que someten a los matrimonios a presiones degradantes para que recurran a la esterilización o a otros métodos anticonceptivos.

No se puede estar de acuerdo con que 

los pobres sean señalados con el dedo 

como si su propia existencia fuera la causa, 

no el efecto, 

del deterioro social o económico de un país. 

    Es una hipocresía decir a esos pueblos hambrientos que, para que no crezcan más, los países occidentales van a limitarles su natalidad esterilizando a las personas, vendiéndoles preservativos (fabricados por multinacionales que están haciendo a su costa grandes negocios), o instalando clínicas abortistas (que de paso proporcionen fetos con los que hacer cremas para la alta cosmética occidental).

    Los que estén verdaderamente preocupados por el bienestar de la población de los países pobres deberían centrar su atención no en los simples números de la población, sino en las instituciones –un gobierno y una política económica y educativa adecuadas– que posibiliten a los ciudadanos ejercer sus potencialidades.

    De todas formas, y a pesar de lo dicho,

no se trata de defender 

la procreación a toda costa: 

la transmisión de la vida humana 

debe ejercitarse 

con un alto sentido de responsabilidad. 

    Hay que respetar el derecho de los esposos decidir el tamaño de la familia y a espaciar los nacimientos, sin presión provenientes de la intolerancia de los gobiernos o de otras organizaciones.

    —Pero la Iglesia católica, por ejemplo, sostiene que hay que recibir los hijos que a cada uno “Dios le mande”.

    No debe entenderse esa afirmación de un modo trivial. Lo que la Iglesia católica defiende es la paternidad responsable, que en absoluto significa una procreación ilimitada o una falta de consideración de lo que implica la crianza de los hijos. Se trata de que las parejas usen de su inviolable libertad con sabiduría y responsabilidad, teniendo en cuenta las realidades demográficas y sociales, así como su propia situación y sus legítimos deseos, a la luz de la ley moral.

    En materia de población, el Estado o las organizaciones internacionales no pueden arrogarse responsabilidades que corresponden a los esposos, ni usar de la extorsión, la coacción o la violencia para hacer que los cónyuges se sometan a sus directrices en esta materia.

    Por ejemplo, es un signo de imperialismo detestable vincular la concesión de ayudas internacionales a infamantes condiciones que afectan al control de la natalidad. Son los esposos quienes han de decidir en conciencia sobre el número y espaciamiento de los hijos.

    —¿Y no es extraño que haya tanta oposición en la actualidad contra esa doctrina de la Iglesia católica?

    No es sólo una cuestión de la Iglesia católica, sino de todos aquellos que tienen aprecio por la libertad de los esposos. No me extrañaría que un día no lejano se acaben por reconocer de modo universal esas razones, en contra de las del colonialismo demográfico que algunos están intentando imponer a los países pobres.

    Ya ha sucedido algo parecido con el marxismo, tan defendido durante largos años por legiones enteras de afamados economistas e intelectuales occidentales. La Iglesia católica no dudó en plantar cara a la doctrina de Marx, y aseguró siempre que sus tesis atentaban contra la dignidad humana. Con el tiempo, el marxismo se ha venido abajo estrepitosamente, y la resistencia ética de la Iglesia católica –hasta entonces considerada arcaica por todos aquellos sesudos intelectuales– ha sido confirmada por la aplastante fuerza de los hechos. Y no ha sido porque los hombres de la Iglesia hubieran tenido una competencia científica superior (tampoco eran tontos), sino porque

juzgaban los comportamientos humanos 

según principios de humanidad. 

    Sobre la explosión demográfica mundial y sus peligros, son muchos los demógrafos que dicen hoy lo contrario de lo que se afirmaba hace treinta años. Y son muchos los que denuncian que las posturas del imperialismo antinatalista obedecen a mitos y prejuicios ideológicos que no resisten un análisis científico medianamente serio.

    Veremos a quien da el tiempo la razón. Afortunadamente, a veces sucede que, en no mucho tiempo, se verifica con la experiencia lo acertado de las conclusiones que se pueden sacar de la conciencia moral.

Por eso muchas veces, 

en vez de fijarse en la oposición 

de los que más gritan, 

es más ilustrativo prestar más atención 

a los gritos del silencio

a los gritos de los que no pueden hablar 

porque, de un modo u otro, 

no se les deja vivir. 

    Alfonso Aguiló. 

Con la autorización de:  www.interrogantes.net

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