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   El aborto no es progresista 
   Es frecuente que se asocie la oposición al aborto como una cuestión “antiprogresista, religiosa, de derechas y de hombres”. La realidad desmiente estos tópicos: numerosas voces disidentes, desde las más variadas posturas intelectuales e ideológicas, se alzan contra este Terrorismo de Estado.


   “Rechazamos el aborto porque somos de izquierdas”
   El 26 de Octubre de 1982 aparecía en el diario Ya un manifiesto contra el aborto titulado “Rechazamos el aborto porque somos de izquierdas”, firmado por dirigentes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que se declaraban de izquierdas como PSOE, UGT, CNT, CCOO, Partido Comunista de España y Juventudes socialistas, entre otras. Según declaraban los promotores del manifiesto, dicho texto fue silenciado en vísperas de las Elecciones Generales de 1982. Comentario introductorio de uno de los miembros de Movimiento Cultural Cristiano:   Un grupo de militantes del Movimiento Cultural Cristiano suscitó la elaboración del documento POR LA VIDA, que suscribieron 155 militantes de la izquierda española, y que tenía como objetivo defender el derecho a la vida frente a todas las posiciones que intentan negarle, desde los abortistas al hambre, la guerra, la pena de muerte, etc. En el diario Ya del 26 de Octubre de 1982 podéis encontrarle en su texto íntegro, con los nombres de todos los firmantes y partidos, sindicatos y organizaciones culturales y apostólicas a que pertenecen. EL PAIS se ha negó a difundir iniciativas que pudieran romper esa falsa identificación de izquierdas y rechazo del aborto. Veamos un hecho muy clarificador sucedido en octubre del 1982. La recogida de firmas dio lugar a muchas satisfacciones, por ejemplo, ver como militantes de las diversas organizaciones de la izquierda, desde CNT, PCE, PSOE, CCOO, UGT, EE, INTG o AC, recibían con entusiasmo la iniciativa. Pero también hubo opositores. Dirigentes de la HOAC sevillana se han negado a firmarla. Dos curas que suscribieron íntegramente el documento, deciden no firmarlo porque restará votos al PSOE. Un miembro de la ejecutiva de CCOO, ex cura, no lo firma porque perjudica el triunfo de la izquierda. Ahora viene el asunto que nos preocupa. La agencia EFE aseguró que lo ha dado en sus servicios, lo mismo que Radio Cadena Española. Pero sólo lo editó el Ya. El diario el PAIS y VIDA NUEVA no quisieron publicar este manifiesto. El primero remitió a la publicidad. EL PAIS pidió 270.000 pts. por publicarlo un día de diario, con tipo de letra que obligaba a la utilización de una lupa, o unas 400.000 en tipo normal del periódico, o 500.000 en día festivo y tipo normal. Esta es una forma típica de ejercer la censura de prensa el neocapitalismo en una democracia formal y más a través de la embajada de la trilateral que es EL PAIS.

   El texto del manifiesto era el siguiente: 

   “Rechazamos el aborto porque somos de izquierda”

   “Debe impedirse que el vientre de la madre sea el lugar más peligroso del mundo”‘ 

   “Después de analizar detenidamente los programas electorales de los grandes partidos parlamentarios, de izquierda, centro y derecha nos encontramos en vísperas de los comicios del 28 de octubre próximo con el hecho de que realmente no existen. enfrentamientos radicales entre unos y otros. Ninguno pone en tela de juicio – al menos para el período legislativo inmediato- los fundamentos del sistema socioeconómico actual, el sistema capitalista. Tanto los del centro y la derecha como los de la izquierda aceptan el sistema. Las opciones que ofrecen son variantes del mismo, modos de gestión más o menos sociales, más o menos interesados en repartir con mayor justicia las cargas de la actual crisis.

   Pareciera como si sólo existiese verdadero enfrentamiento de posiciones en un tema: el aborto. Mientras que los grandes partidos de la izquierda abren la vía al mismo, los partidos del centro y la derecha no están dispuestos a ello. Sin embargo, para el lector común, que tiene sus posiciones tomadas o está a punto de tomarlas, por motivaciones muy generales que tienen que ver esencialmente con aquellos “modos de gestión” que se ofrecen, esta cuestión es, de hecho, un tema no central, un tema que no va a determinar su voto.

   Nos encontramos, de esta forma, con un planteamiento similar al que se dio en las elecciones parlamentarias anteriores con el tema de la OTAN. Entonces los partidos de derecha y de centro incluyeron en sus programas la adhesión de España a la Alianza Atlántica, mientras que los de izquierda la rechazaban. No obstante, la inmensa mayoría de los electores que votaron al centro triunfante entonces, no lo hicieron por esta posición “otanista”. Todas las encuestas de opinión han mostrado que la mayoría de aquellos electores centristas son contrarios al ingreso en la OTAN. Sin embargo, el Gobierno centrista de Calvo-Sotelo, contra la opinión mayoritaria en esta cuestión de sus propios electores, en una forma absolutamente abusiva, tomó las elecciones del 79 como un plebiscito en favor de la OTAN y nos metió en ella por las bravas.

   Nos preguntamos: ¿Puede pasar algo similar con el aborto en caso de un previsible triunfo de la izquierda el 28 de octubre? ¿Va el PSOE, de alcanzar el Gobierno, a considerar estas elecciones como un plebiscito en favor de la legalización, de una u otra forma, del aborto? ¿Va a cometer también el abuso de considerar que el voto de izquierda es, por definición, un voto proabortista?

   Queramos salir al paso, antes de las elecciones, de esta posibilidad, porque somos izquierda, pero nos oponemos al aborto, a su legalización abierta o subrepticia. Por la misma razón que nos oponemos a todo atentado a la vida: pena de muerte, torturas, hambre, armamentismo, destrucción del entorno natural… 

   Sostenemos que la equiparación de izquierda y permisividad ante el aborto es, primero, una mentira de hecho y, después, una contradicción absoluta con los valores que toda la izquierda debe defender.

   Nosotros somos izquierda, somos socialistas – de una u otra vertiente del socialismo-, porque defendemos, sin reservas ni dilaciones, la socialización de los medios de producción, porque luchamos contra cualquier explotación del hombre por el hombre, del imperialismo sobre los pueblos. Pero también porque defendemos la vida humana como valor supremo, porque sostenemos que nadie, en nombre de nada, puede suprimirla. Y creemos que precisamente encontrar pretextos y argumentos para suprimir vidas humanas es un signo distintivo de la derecha.

   En el mundo han sido innumerables veces regímenes de derecha, supercapitalístas, los que han legalizado el aborto. Han sido hombres como Robert McNamara -el del Vietnam y el Banco Mundial, quienes más han impulsado la aceptación del aborto, los que lo han impuesto como algo conveniente para el dominio del capital multinacional. Hitler lo negó para su “raza” aria, pero lo impuso para los demás bajo su dominio. Por el contrario, en el mundo, otros regímenes de países subdesarrollados, que luchan revolucionariamente por su liberación, rechazan el aborto.

   Hay vida en el óvulo fecundado

   Es una falacia la equiparación izquierda-aborto. Y es también, más aún, una enorme contradicción: hay vida, y vida humana personal en el óvulo fecundado que anida en la madre. Y se destroza una vida humana – casi siempre con procedimientos de una horrible crueldad para el feto humano que siente- al destruirle. No es parte del cuerpo de la madre: es un ser humano distinto. Y como tal ser humano tiene sus derechos: tanto como los ancianos, como los minusválidos, los subnormales, los incurables, lo “antisociales”., todos aquellos a los que la permisión del aborto pone en la lista de los futuros condenados, porque no se les va a considerar personas humanas con derecho a la vida, sino partes molestas de una sociedad que no les desea.

   No hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria – contra todo lo que se diga- que la del derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido. Es el derecho de propiedad más absoluto concebible, más allá del derecho del amo sobre el esclavo. 

   Y es una vergüenza para la izquierda que levante la bandera del ese pretendido derecho. Y más aún, que se deje a la derecha, por fines electoralistas que su meollo de poder económico no siente en absoluto, que monopolice la oposición al mismo. 

   Nosotros rechazamos esa postura vergonzosa, de la que la izquierda, en la medida que han avanzado los conocimientos de la embriología, tiene que liberarse. No sólo somos izquierda y rechazamos el aborto, sino que lo rechazamos precisamente por serlo. Se trata simplemente de la aceptación del hecho científico de dónde empieza la vida humana, con todas sus consecuencias.

   Es necesario que nos planteemos con valentía y rigor de una vez ese tema en la izquierda: la vida humana es un valor supremo desde su comienzo, tras la concepción. Y a partir de esta afirmación tenemos que desarrollar una acción decidida contra el hecho real del aborto combatiendo las causas, ayudando eficazmente a las familias, asistiendo legal y socialmente a la madre soltera, tanto a la que desee quedar con su hijo como a la que quiera darlo en adopción. Es un campo inmenso de trabajo, en el que la izquierda debe multiplicar esfuerzo sin el fariseísmo de la cúspide económica de la derecha.

   La izquierda debe impedir que el vientre de la madre “sea el lugar más peligroso del mundo para el hijo”. Debe hacer que sea el lugar que la naturaleza ha hecho que se: el lugar más protegido. Y que la sociedad entera lo sea también, para la madre y para los niños, antes y después de nacer.”

   En septiembre de 1995, el colectivo Autogestión, publicaba el siguiente manifiesto titulado:

   POR UNA DEFENSA HONRADA DE LOS DERECHOS HUMANOS: SI A LA VIDA.

   Ante el clima generado por los actuales acontecimientos sociopolíticos y sostenido por los medios de comunicación al servicio de una cultura de muerte.

   Manifestamos nuestra firme opinión al aborto por razones morales y nos oponernos, asimismo, a todo atentado a la vida desde un planteamiento global y no sectario: guerra del hambre, robo al Tercer Mundo, armamentismo, analfabetismo, tortura, pena de muerte, destrucción del entorno, etc., es decir, a toda explotación del hombre sobre el hombre y a todo tipo de violencia individual, colectiva, o estructural.

   Denunciamos los argumentos sociopolíticos, económicos y jurídicos que, en el marco de una cultura de muerte pueden sintetizarse en el grito “ni los pueblos deben hacer revoluciones ni las mujeres deben parir” . Regímenes totalitarios (Hitler, Stalin … ) democracias formales (Giscard d’Estaing, Kohl … ) instituciones financieras (Banco Mundial, Fundación Rockefeller …) en diversas épocas se han hecho eco de este grito para su legitimación.

   Denunciamos el consenso entre partidos de izquierda, centro y derecha por su aceptación plena de los fundamentos del Sistema Económico actual: 

   El PSOE e IU abogan directamente por el voto proabortista. 
   Asimismo el PP, CIU y PNV desde su ambigüedad e instrumentalizando partidista y sectariamente en sus planteamientos públicos y parlamentarios “el sí a la vida” cuando electoralmente conviene, defienden realmente una política proabortista. 

   No existen pues enfrentamientos de fondo entre la derecha y la izquierda oficial. Ambos apoyan, con hechos, el no a la vida.

   Denunciamos a los organismos y conferencias internacionales que, como la de Pekín, declarando cínicamente la defensa de los derechos humanos, el derecho a la vida y los derechos del niño, pretenden ser el encubrimiento del mayor genocidio de la historia: exterminio de pueblos enteros por hambre, esterilización masiva, práctica de mas de 100 millones de abortos al año, inhibición real en las más de 150 guerras que se han sostenido en el Sur desde 1945 para que el imperialismo transnacional afirmara su poder. Y todo ello previamente planificado.

   Denunciamos la falsa apología que supone identificar la liberación de la mujer, el “progreso” y la democracia con el no a la vida y que convierte el derecho a nacer de los más pobres en un negocio regido por el consenso social, de carácter convencional. De otra manera, ¿cómo es posible que el llamado “nasciturus”, pasado un minuto del plazo previsto – diferente además en cada país- ya no sea material biológico desechable? ¿Cómo es posible que, matándolo nacido, sea un crimen y, matándolo antes de nacer sea un aborto?

   Denunciamos el derecho de la mujer a usar de su “cuerpo” libremente como el derecho de propiedad más absoluto y criminal concebible. No hay en nuestros días una posición más reaccionaria y conservadora que la que defiende el derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido. 

   Por fidelidad a la historia… 

   Optamos: por la vida y defendemos los valores de las luchas emancipadoras de los pobres de los siglos XIX y XX: Justicia, Autogestión, Promoción, Solidaridad de la mujer y del hombre en toda su integridad.

   Luchamos contra toda explotación del hombre sobre el hombre, del imperialismo sobre los pueblos.

   Defendemos que la propiedad no es para nadie un derecho absoluto.

   Nos comprometemos en defensa de los mas débiles y por una cultura de solidaridad universal frente a los individualismos y nacionalismos imperantes. 

   Por fidelidad a la historia luchamos por un cambio profundo de estructuras y por un cambio revolucionario de la conciencia y del corazón del hombre.

   Por una defensa honrada de los derechos humanos proclamamos.
   ¡ Sí a la Vida, a toda Vida!
   Firma: Solidaridad Autogestionaria
   www.impuestoporlavida.org
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   Más de medio millón de abortos legales se han practicado en España en los últimos diez años

   La Sociedad Española de Contracepción pedirá al Ministerio de Sanidad que financie a la población más joven los métodos anticonceptivos 
   N. RAMÍREZ DE CASTRO/
   MADRID. El Gobierno socialista quiere que las mujeres puedan interrumpir su gestación por voluntad propia y sin someterse a dictamen médico. La «inminente» ampliación de la despenalización del aborto anunciada por el Ministerio de Justicia lo permitirá, pero los ginecólogos aseguran que se habrá avanzado muy poco si no se realiza un cambio profundo en educación sexual y reproductiva para frenar el aumento de embarazos no deseados. Un reflejo de ese incremento es que en los últimos diez diez años el número de abortos en España ha aumentado casi un 70 por ciento. Desde 1993 hasta 2002 (no hay datos oficiales de 2003) se han practicado 566.266 interrupciones legales de embarazos. El incremento ha sido anual y sólo durante 1997 las cifras disminuyeron ligeramente, para volver a subir un año después.

   «Cobertura a una práctica habitual»

   Para Gonzalo Herranz, profesor honorario de Ética Médica de la Universidad de Navarra, «la modificación de la Ley del Aborto sólo dará cobertura legal a una práctica que ya se había convertido en habitual». La práctica totalidad de los abortos que se practicaron en el año 2002 en España se autorizaron por un posible riesgo de salud física o psíquica de la mujer. Los datos oficiales no permiten conocer si el 96,81 por ciento de los casos que se acogieron al supuesto de salud materna, lo hicieron por el riesgo físico o psíquico que corría la mujer en la gestación. Este último, más difícil de valorar, es la condición a la que se acogen la mayoría de las mujeres al buscar amparo legal.

   La Sociedad Española de Contracepción, que agrupa a los médicos dedicados a la anticoncepción y reproducción humana, apuesta por la educación sexual de los adolescentes para evitar los embarazos no deseados, pero también por facilitarles el acceso a los métodos anticonceptivos. La petición incluye la píldora del día después, un tratamiento de emergencia que evita la gestación si se consume en las 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección. Tras el anuncio del Ministerio de Justicia, esta sociedad científica ha solicitado una entrevista con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, para pedir la subvención de los tratamientos anticonceptivos. «Se trata de que el Gobierno financie estos métodos, como si fueran un fármaco más a los que da cobertura el Sistema Nacional de Salud», explica el ginecólogo José Luis Doval, presidente de la citada sociedad.

   Un fracaso del sistema

   Javier Salmeán, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Madrid, considera que se debe eliminar carga ideológica a la medida anunciada por el PSOE y respetar la decisión de la mujer. Pero también recuerda que el aborto es «un fracaso» del sistema educativo y sanitario. Su propuesta pasa por mejorar la educación sexual, permitir el acceso a la píldora del día después y la interrupción de la gestación, como última opción.

   En la misma línea se ha situado Guillermo Sierra, presidente de la Organización Médico Colegial, quien ha insistido en la importancia de actuar antes de llegar a una situación indeseada como es el aborto. Sierra que ha expresado su «respeto» a la ampliación de los supuestos del aborto, también ha insistido en la necesidad de respetar la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicar abortos. En este sentido, José Luis Doval opina que debería realizarse un registro de profesionales donde se deje constancia de la objeción de conciencia «porque en estos momentos es imposible saber qué ginecólogo estaría dispuesto a realizarlo y en qué casos».

   El anuncio de Justicia deja también en el aire los plazos en los que se permitirá abortar libremente, si las interrupciones tendrán realmente financiación pública o si se desviarán pacientes a centros concertados privados para sortear la objeción de conciencia de los ginecólogos. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Sanidad. Aunque Elena Salgado sólo se ha limitado a garantizar que se respetará la objeción de conciencia de los médicos y que el Sistema Nacional de Salud prestará la atención necesaria «para que las mujeres puedan abortar con las máximas garantías». Además, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no ha confirmado definitivamente cuál será el plazo que se dará para abortar sin autorización.

   Los ginecólogos tienen claro que existen diferencias, pensando en la salud de la mujer. Dentro de las primeras 18 semanas de gestación no hay grandes riesgos, asegura Guillermo González, presidente de la Federación Española de Planificación Familiar. Sin embargo, sólo entre las 12-13 semanas se puede practicar la intervención menos agresiva. Hasta ese tiempo, se puede interrumpir la gestación con una intervención sencilla de apenas diez minutos de duración y con anestesia local. Si el embarazo está más avanzado, la intervención debe realizarse bajo anestesia general, con lo que las complicaciones pueden ser mayores. En su página web, el Ministerio de Sanidad también discrimina entre abortos de bajo riesgo (menos de doce semanas de gestación) o de alto riesgo (más de doce semanas de gestación).

   Actualmente, en España el acceso a los tratamientos anticonceptivos es abordado de forma distinta según qué Comunidades y no en función de su signo político. El presidente de la Sociedad Española de Contracepción, cita dos situaciones curiosas: «Asturias, con un Gobierno socialista que no subvenciona los anticonceptivos, y la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que sí lo hace». En una situación similar se encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PSOE y el PP respectivamente, «y sin embargo son las dos Autonomías que más agilidad imprimen a las interrupciones de embarazos».

   Financiación pública

   En el caso de Andalucía, las mujeres que legalmente pueden abortar sólo tienen que pedir cita en el centro de Salud, según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Es el médico de Familia, no el ginecólogo, quien deriva a cualquiera de los nueve centros privados concertados con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La cita tiene la máxima prioridad, no hay listas de espera y la paciente no debe adelantar el dinero del coste de la intervención ni preocuparse de un posterior reembolso, según el SAS.Hace un año, la Comunidad Valenciana también puso en marcha un plan de reestructuración de los Servicios de Ginecología de los hospitales públicos para asumir el mayor volumen de las interrupciones. En otras autonomías, como Cataluña, las mujeres que abortan dentro de los supuestos legales pagan los 300 euros que cuesta la intervención si se realiza en un centro privado. Sólo en ciertos casos, la Sanidad pública reembolsa parte del gasto.

   Los jóvenes cuentan con más información que nunca sobre métodos anticonceptivos, pero la tasa de embarazo y aborto entre las adolescentes españolas sigue aumentando. Cada año se producen 18.000 nuevas gestaciones en menores de 20 años, el doble de las que se producían hace una década. En su mayoría son embarazos no deseados, como demuestra que más del 40 por ciento acaba en aborto. Un estudio reciente, realizado entre chicos y chicas de 15 a 17 años, confirma las actitudes de riesgo de los adolescentes en sus relaciones sexuales.
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   El «Estudio de conductas para los escolares relacionadas con la salud» presentado por el anterior equipo del Ministerio de Sanidad refleja que sólo el 12,7 por ciento utiliza algún método anticonceptivo considerado fiable. El resto, el 87,3 por ciento, confiesa que, o bien no utiliza ningún método (12 por ciento), o no era fiable (0,3 por ciento). Un dato revelador es que el 75,4 por ciento de los encuestados no contestó a la pregunta, lo que hace pensar a los autores del sondeo que ni siquiera les preocupa. Dos tercios de los adolescentes habían mantenido relaciones sexuales con una sola persona, pero un 35 por ciento con más de una, grupo en el que se registran las tasas más altas de embarazo. Según el mismo trabajo, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de embarazos se sitúa en el 3,3 por ciento entre los que mantienen relaciones sexuales (25 por ciento de los adolescentes), frente a la tasa general del 0,84 por ciento, en los que se incluyen jóvenes no activos sexualmente.
   Ignacio Sánchez Cámara, “El valor de la vida”, ABC, 2.VI.04

   Entre el capítulo de las promesas socialistas con destino a ser cumplidas parece que se encuentran la reforma de la legislación sobre la penalización del aborto, la supresión de los límites para la reproducción asistida y la autorización de la experimentación con embriones con fines terapéuticos. Resulta barato y puede complacer a los sectores más «progresistas», que se verían así compensados por otras promesas incumplidas. Existe un sector, acaso mayoritario, en el PSOE que parece empeñado en suscitar una «cuestión religiosa» que la Constitución y el sentir de la mayoría de los ciudadanos ya han resuelto. La libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la educación que han de recibir sus hijos, en igualdad de condiciones, alejan toda posibilidad de un anacrónico conflicto religioso en España.

   Pero el aborto no es una cuestión religiosa, sino moral y jurídica. No enfrenta a los católicos y a quienes no lo son, sino a posiciones divergentes en cuanto a la naturaleza y los límites de la protección de la vida humana. Por lo tanto, en torno a su valor y dignidad. No es un asunto de sacristías y catequesis, sino que afecta al cimiento moral de la sociedad. La actual legislación, como es sabido, califica el aborto como delito y excluye la aplicación de la pena en tres casos. Su aplicación permisiva, bordeando en muchos casos, si no traspasando, el fraude de ley, podría hacer más aconsejable su limitación, o al menos, la lucha contra el fraude, que su ampliación. El proyecto del PSOE prevé la aprobación de una ley de plazos. Durante los tres primeros meses de la gestación, la madre, por así decirlo, podría decidir la interrupción del embarazo, es decir, la muerte del embrión. De ser un delito con tres excepciones pasaría a ser un derecho de la madre (y sólo de ella) durante los tres primeros meses de gestación. No sé si es muy coherente excluir de la decisión al padre y luego atribuirle el cuidado compartido de los hijos y de su educación. Esta modificación entrañaría una transformación radical de la actual legislación, que, por lo demás, encajaría muy difícilmente en la regulación constitucional.

   Me limitaré, en las líneas que siguen, a una discusión y valoración de los aspectos jurídicos. La valoración moral, por razones que ahora no expondré, me parece clara y gravemente negativa. El problema jurídico reside en determinar si se trata de un asunto de conciencia que debe ser decidido por cada cual sin intervención de los poderes públicos (en sana doctrina liberal) o si (también en sana doctrina liberal) se trata de un asunto que afecta al orden público y a los fundamentos de la convivencia. De lo que en ningún caso se trata es de un conflicto entre el laicismo y el integrismo religioso. La proscripción del aborto no es asunto de fe. Otra cosa es que la doctrina moral de la Iglesia católica haya sido, y siga siendo, contundente. Pero no se trata de un dogma de fe o de un asunto de régimen interno para los católicos. Nadie argumenta así en lo que se refiere a la penalización del homicidio o del robo. Existen normas que obligan a los católicos, y sólo a ellos, en cuanto tales. Por ejemplo, la obligación de asistir a la Misa dominical. Imponerla a toda la sociedad sería lesivo para la libertad religiosa (y para el sentido común). Pero nadie rechaza o discute la conveniencia de castigar el homicidio porque lo repudie la Iglesia católica. La cuestión no es, por tanto, religiosa. Se trata de determinar si la proscripción del aborto se asemeja a la del homicidio o a la del precepto dominical. Y no se resuelve la cuestión apelando al laicismo. Si nadie argumenta que quien quiera matar que mate, y quien no que no lo haga, no es evidente que quepa argumentar así en el caso del aborto. Tampoco cabe limitar el derecho de la Iglesia a pronunciarse sobre la legitimidad de un Gobierno que apruebe esas medidas, ya que esa capacidad no se discute a otras instancias sociales cuando se han pronunciado sobre la política exterior o si reprobaran, con razón, eventuales permisiones de la tortura o de la pena de muerte o la adopción de medidas racistas por parte de una mayoría parlamentaria. Por lo demás, la argumentación no se sustenta sobre afirmaciones dogmáticas o de uso interno para creyentes, sino que apela a la concepción compartida de los derechos humanos y, en especial, del fundamental derecho a la vida. No es, pues, asunto de fe.

   La consideración del aborto como un derecho (de la mujer) o la legalización de la producción de embriones destinados a la destrucción, aunque sea con fines sanitarios, contradicen el estatuto del derecho a la vida y la protección jurídica del embrión reconocida por el Tribunal Constitucional. Entrañan una violación del derecho a la vida y una subversión radical de nuestro sistema jurídico. Aunque las leyes tienen que fijar límites más o menos arbitrarios, por ejemplo, la determinación de la mayoría de edad, resulta arbitrario e injusto que la eliminación del embrión sea un derecho hasta los tres meses de vida para convertirse en un delito un día después. La creciente aceptación social del aborto es uno de los más graves síntomas de la perturbación moral de nuestro tiempo. Podría argumentarse que se trata de una cuestión moral, reservada al ámbito de la conciencia, en el que los poderes públicos no deberían intervenir. Algo semejante a lo que sucede, por ejemplo, con la prostitución o la pornografía. Mas no es así. Se trata de la protección de la vida humana, que es uno de los fines fundamentales del Derecho. Tampoco cabe invocar la libertad en casos como la ablación de clítoris o las prácticas eugenésicas. Lo que hay que determinar es si el aborto entraña la eliminación de una vida humana. Y, sobre eso, por más disquisiciones que se quieran hacer, no caben dudas. Por lo demás, ni siquiera cuenta con el grado necesario de consenso social para adoptar esa medida. Y bastante se nos ha bombardeado con el consenso y el diálogo, para regatearlo en cuestión tan grave. No se trata, pues, de imponer a todos las convicciones de algunos. Se trata de cuál es la convicción mayoritaria y, sobre todo, y por encima de las eventuales mayorías, cuál es la solución más justa. Por otra parte, existen los tres supuestos ya reconocidos, y la aplicación de las eximentes, como el estado de necesidad, y de las atenuantes, para eliminar o paliar los eventuales efectos nocivos o duros de la aplicación de las penas en muchos casos. Pero esto no puede eximir al Estado de su obligación de proteger el derecho a la vida.

   Se encuentran en conflicto quizá dos concepciones antagónicas acerca del valor de la vida y de su dignidad. Para unos es un valor fundamental que debe ser protegido sin excepciones (en algunos casos, no en todos, porque se trata de un don de Dios). Para otros, parece tratarse de algo así como de una mera propiedad inmanente a ciertos seres, sin un valor especial, y sobre el que deben prevalecer la libertad y el bienestar de los adultos o la salud de otras personas. Por mi parte, me adhiero a la primera posición. Dudo que la segunda sea la mayoritaria, pero, aunque lo fuera, no se soluciona el problema adoptando una solución que vulnera el sentimiento jurídico y moral de muchos, máxime cuando caben posiciones intermedias, como la actualmente vigente. Por lo demás, tan dogmática sería, en su caso, una posición como la contraria. La aprobación de las reformas previstas por el Gobierno entrañaría una grave injusticia y, muy probablemente, la vulneración de nuestra regulación constitucional sobre el derecho a la vida.
   Con la autorización de: www.interrogantes.com

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