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   El pasado 17 de marzo de 2016 el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (ley de transexualidad) con  el voto favorable del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos y con la única abstención del Partido Popular.

   La ley aprobada supone la imposición a la ciudadanía madrileña de una ley ideológica y totalitaria que pretende dar por buenas las teorías de la ideología de género y manipular a los menores para fomentar entre ellos el cambio de sexo.

   En nombre de una democracia autoritaria, se deconstruye de forma sistemática y organizada la realidad y la verdad. El ejercicio de este poder arbitrario se ha instalado en el campo de la educación, la sanidad y los medios de comunicación social, llevándonos a la dictadura del relativismo y pretendiendo corromper a los menores.

· La nueva ley establece que los menores pueden ser investigados para estudiar su reasignación de sexo.
· La Comunidad de Madrid censurará en la bibliotecas todo libro contrarios a las tesis de la reasignación de sexo.
· Los reasignados sexuales podrán gozar de privilegios al acceder a las prestaciones de violencia de género.

   Toda la ley supone una peligrosa imposición totalitaria, pero de entre sus principios cabe mencionar tres sumamente preocupantes por cuanto corrompen a nuestros menores y establecen la censura política

   1.- Al establecer que en el caso de realizarse actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios, se está fomentando la corrupción de los menores, y se está dando pábulo a que los menores hagan uso de su identidad sexual para desarrollar conductas hostigadoras, sexistas y de violencia. No queremos que en los vestuarios de nuestra hijas se cuelen varones con el fin de ejercer de mirones o abusar sexualmente de ellas.

   2.- Además la  Comunidad de Madrid manifiesta su voluntad de coordinar los recursos del sistema educativo y sanitario con carácter fiscalizador e intervencionista con el objeto de efectuar la posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género. Resulta jurídicamente intolerable que la administración pública se inmiscuya en las relaciones familiares tratando de crear órganos fiscalizadores con la misión encubierta de fomentar la transexualidad, eligiendo sin criterios ciertos a las víctimas entre los menores que serán observados y estudiados sin el consentimiento de los padres.

   3.- Según la norma todas las bibliotecas propiedad de la Comunidad de Madrid y de los diferentes Ayuntamientos, deberán contar con fondo bibliográfico específico en materia de identidad sexual y de género nunca contrario al reconocimiento de la expresión o identidad de género. Es decir, la norma censura toda postura discrepante mediante la no difusión de obras que sean contrarias a los principios de la ideología de género, certificando así que la administración pública ha optado de una forma clara por la imposición ideológica sin ningún tipo de control democrático. Y ello violentando la propia Constitución Española, que prohíbe toda forma de censura.

   Centro Jurídico Tomás Moro
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